• Insuficiencia de los métodos de autenticación tradicionales: los sistemas basados en usuario/contraseña o SMS no resisten nuevas técnicas de fraude.
• Vulnerabilidad ante ingeniería social y manipulación tecnológica: prácticas como la suplantación, manipulación de GPS o uso de dispositivos emulados aumentan el riesgo de accesos indebidos.
• Riesgo en la validez de los trámites públicos: existe la posibilidad de realizar gestiones con identidades falsas o bajo coacción, comprometiendo la seguridad jurídica.
• Impacto en la confianza ciudadana y el cumplimiento normativo: estas debilidades afectan la credibilidad de los servicios públicos y el cumplimiento de requisitos regulatorios.
• Falta de trazabilidad geográfica en las operaciones: la ausencia de control sobre la ubicación limita la capacidad de detección y respuesta ante fraudes complejos.

• Detección de fraude basada en localización y comportamiento: permitió combinar inteligencia de localización por ondas, datos del dispositivo y patrones de uso para identificar accesos sospechosos.
• Detección en tiempo real de accesos anómalos: permitió identificar conexiones desde ubicaciones inusuales y bloquear intentos fraudulentos de forma inmediata.
• Análisis de comportamiento legítimo vs fraudulento: permitió distinguir entre usos habituales y actividades sospechosas, mejorando la precisión en la detección.
• Definición de zonas seguras: permitió establecer entornos de confianza asociados al uso habitual del ciudadano y generar alertas ante desviaciones.
• Protección frente a dispositivos comprometidos: permitió detectar accesos desde entornos o dispositivos potencialmente manipulados, reforzando la seguridad en los trámites digitales.

Parlamento Vasco a través del módulo ITDR