Cuando se habla de lo que tarda la Administración en contratar, la conversación suele girar en torno a la tecnología, y tiene sentido, porque es donde el problema se ve con más crudeza: un modelo de inteligencia artificial puede cambiar de versión y de precio varias veces mientras se tramita el expediente que debería comprarlo. Pero sería un error pensar que es un asunto exclusivo del ámbito digital. Los plazos de la compra pública afectan igual a un servicio de ayuda a domicilio, a la renovación de una flota o a un programa de formación, y después de muchos años trabajando con administraciones he llegado a pensar que acortarlos es uno de los cambios públicos con más impacto que podemos hacer.

La razón es sencilla: la Administración compra muchísimo. La contratación supone en España algo más del 11% del PIB y cerca de una cuarta parte del gasto público, y detrás de esas cifras hay buena parte de los servicios que recibe el ciudadano. La limpieza de un colegio, la atención telefónica de un ayuntamiento, el transporte sanitario, el software con el que se tramita una ayuda o el mantenimiento de un parque se prestan, en muchos casos, a través de empresas contratadas. La calidad del servicio público es, en gran medida, la calidad de lo que se compra y de cómo se compra. Ninguna otra decisión de una administración toca a la vez a todos sus departamentos, y por eso cualquier mejora en la forma de comprar se multiplica.

‍La parte del ciclo que no medimos

Cuando pensamos en lo que tarda una licitación, casi siempre pensamos en los meses que pasan desde que se publica el anuncio hasta que se adjudica. Pero esa es la parte corta. La compra real empieza mucho antes, el día en que alguien en un servicio detecta que tiene un problema, y sigue con la búsqueda de presupuesto, las conversaciones internas para decidir qué se quiere, la redacción del pliego, los informes y las idas y vueltas con jurídico e intervención, antes de llegar a la publicación, la adjudicación y la formalización. Si se cuenta todo ese recorrido, no es raro que pase más de un año, y a menudo cerca de dos.

Y casi nadie lo mide. El indicador europeo de referencia calcula solo el tiempo entre el cierre de ofertas y la adjudicación, que en España ronda los 110 días frente a los 74 del país europeo mediano, y del tramo anterior no existe ninguna medición pública. Hemos llegado a ver a un gran ayuntamiento presumir de la rapidez de su contratación refiriéndose solo a esa parte visible, cuando los que estamos al otro lado sabemos que los equipos comerciales calculan al menos un año y medio para que una licitación de esa casa se materialice. Sin el dato completo es imposible saber dónde se pierde el tiempo y, por tanto, dónde se puede recuperar.

‍Lo que cambiaría si compráramos más rápido

Comprar rápido no es lo mismo que comprar bien, y una compra precipitada puede salir tan cara como una eterna. Pero es difícil comprar bien si no se compra a tiempo, y estoy convencida de que con un ciclo más corto se atentuarían buena parte de los vicios del sistema. Si contratar un piloto llevará dos meses, no tendríamos que limitarnos a los 15.000 euros del contrato menor para probar algo, y podríamos entender el coste y el uso real de una solución antes de comprarla a escala. Sí sustituir a un proveedor que no cumple no exigiera empezar otro ciclo de dos años, resolver un contrato por mala ejecución dejaría de ser excepcional, y perdería sentido ofertar a la baja confiando en que nadie exigirá lo pactado. Y si los plazos se parecieran más a los del mercado privado, muchas empresas buenas que hoy no tienen margen para esperar podrían aportar a la sanidad, la educación o la gestión pública.

No todo lo impone la ley

La reacción habitual ante estos plazos es pensar que la ley no permite ir más rápido. Hay trámites que la norma exige, pero casi nunca dice en qué orden hacerlos, qué puede resolverse en paralelo, cuándo interesa hablar con el mercado o qué se reutiliza de un expediente al siguiente. Todo eso es diseño del sistema, y en la mayoría de organismos se hereda de la costumbre sin que nadie lo haya decidido.

Conviene hacerlo ahora, además, por una razón de calendario. La propuesta de Reglamento europeo de contratación apuesta con buen criterio por más negociación, más demostraciones y más interacción con los proveedores, pero si todo eso se incorpora al sistema tal como funciona hoy, el ciclo podría alargarse todavía más.

Qué se puede hacer ya

Usar mejor los instrumentos existentes, empezando por los sistemas dinámicos de adquisición, que permiten hacer una vez el trabajo pesado, lanzar contratos concretos en semanas y mantenerse abiertos a nuevas empresas. Dar a alguien la responsabilidad de la compra como un todo, lo que en otros países se llama Chief Procurement Officer: no para gestionar expedientes, sino para medir el ciclo completo, sostener la relación con el mercado y evaluar si lo comprado funciona. Incorporar inteligencia artificial al propio proceso, del análisis de mercado al seguimiento de la ejecución. Y, dicho sin rodeos, reforzar los equipos de contratación, que no crecieron cuando llegaron los fondos europeos, con perfiles que no sean solo jurídicos.

Llevamos años tratando la contratación como un procedimiento que hay que cumplir. Pero si buena parte del servicio público se presta a través de contratos, cambiar cómo y a qué ritmo compra la Administración es política pública en el sentido más literal, la que más alcance tiene sobre lo que recibe el ciudadano y una de las que menos cuesta poner en marcha. Basta con empezar por mirar el reloj.