La actual competición entre los proveedores de IA se está centrando en lo que se ha llamado el “contexto”. Podemos definir el contexto como la “memoria institucional” de una organización: los procesos de trabajo, la estrategia, las discusiones sobre cuestiones clave, la cadencia de reuniones y sus conclusiones, los usuarios, las reglas para la toma de decisiones… En definitiva, toda esa información que registra - casi siempre de manera desorganizada y fragmentada - cómo funciona una organización en su día a día.

Las empresas de IA, incluyendo las grandes compañías desarrollando los grandes modelos como Anthropic, Google u OpenAI, se han dado cuenta de que ofrecer únicamente la capacidad de razonamiento de los modelos no es suficiente para mantener su ventaja competitiva. Acceder a los datos del contexto de las organizaciones con las que trabajan es lo que les permite dar un servicio diferencial a sus clientes, y por lo tanto evitar convertirse en una commodity fácilmente sustituible. Por eso, están intentando que sus clientes no solo paguen por sus APIs, y utilicen sus aplicaciones y plataformas de orquestación de agentes. Así, las compañías de IA consiguen enraizarse de manera mucho más profunda en las organizaciones. 

Quien consiga convertirse en el sistema de orquestación de la IA en una organización construirá una sólida muralla frente a otros competidores. Porque cambiar de proveedor del sistema de agentes - con su conocimiento de flujos, reglas, excepciones y procesos - será mucho más difícil que seleccionar un modelo a través de la pasarela de IA (AI Gateway) que ya muchas entidades han integrado en su stack. Y por eso mismo, centrar las medidas para incrementar la soberanía en la selección de los modelos o en promover modelos de pesos abiertos (open weights) es una solución a medias. Los riesgos de lock-in no desaparecen, simplemente se mueven a otra capa del stack: el contexto.

En su función de reguladores y compradores de sistemas de IA, las Administraciones públicas no pueden ignorar esta cuestión. Si la información de contexto - y quien la controle - se convierte en la verdadera fuente de dependencia, las Administraciones deben tener las herramientas que les permitan mantener su opcionalidad y poder de negociación.

Una de ellas es exigir la portabilidad de los datos. Esta herramienta permite que, sea cual sea el proveedor que capture la información de contexto, una organización pueda “llevarla consigo” si decide cambiar de proveedor de IA.

La Unión Europea ya ha estado impulsando la portabilidad de diversas formas. El Reglamento de Datos (Data Act) y algunas disposiciones de la nueva Directiva de Servicios de Pago (PSD2) exigen la portabilidad de determinada información. El Reglamento de Europa Interoperable (Interoperable Europe Act) y el de Mercados Digitales (Digital Markets Act, o DMA) incluyen también disposiciones diseñadas para reducir los costes de cambio de proveedor y fomentar la competencia.

La Comisión Europea ha demostrado su voluntad de hacer cumplir estas normativas. El pasado mes de julio adoptó una decisión que detalla “las medidas que Google debe implementar para garantizar una interoperabilidad efectiva, en el marco de la DMA, con 11 funciones de Google Android relevantes para los servicios de IA”. Una de estas funciones es el “contexto”, definido por la Comisión como ”la capacidad de un servicio de inteligencia artificial para recopilar datos (incluso a partir de aplicaciones, sensores o de la propia pantalla) con el fin de comprender y anticipar las necesidades del usuario”.

Las Administraciones públicas también pueden incluir cláusulas de portabilidad de los datos de contexto en sus contratos de compra pública. Ahora bien, por bien que estén redactadas las cláusulas (algo difícil de por si), no serán exigibles si los gobiernos no son capaces de documentar su contexto utilizando lenguajes, ontologías y herramientas que sean portables. Si nadie es capaz de leer los datos exportados, cuando llegue el momento de cambiar de proveedor, la única opción real será quedarse con el que ya tiene toda la información de la entidad.

Representar la información de contexto en un artefacto portable exige que la Administración sea capaz de detallar sus procesos, reglas de decisión y excepciones mediante lenguajes y ontologías que sobrevivan a una migración. Pocas organizaciones tienen esta información bien documentada. Además, esta representación suele “co-generarse” junto con el proveedor del sistema de IA, quien diseña y ejecuta los flujos de trabajo de los agentes, las llamadas a herramientas y los permisos. Asignar derechos de propiedad sobre el artefacto portable que contenga toda esta información no es sencillo.

Sin embargo, dada la importancia que la información de contexto va a cobrar, cualquier organización, incluidas las Administraciones públicas, harían bien en centrar sus esfuerzos en hacer que su información institucional sea portable. Y no solo por soberanía. Si el contexto se vuelve la capa donde reside el valor de una organización, quien la controle no sólo será más autónomo, sino también más efectivo.

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* Firma invitada: Fernando Fernandez-Monge. Senior Associate en Bloomberg-Harvard City Leadership Initiative en la Universidad de Harvard e investigador en el Institute for Innovation and Public Purpose en University College London.